El recientemente asumido Gobierno de Chile enviará al Congreso un esperado proyecto de reforma tributaria el 31 de marzo, con el que busca asegurar el financiamiento principalmente para mejoras en la educación, dijo el lunes el portavoz Alvaro Elizalde.
La iniciativa, incluida en las 56 medidas prometidas por la presidenta socialista Michelle Bachelet para sus primeros 100 días de Gobierno, plantea subir gradualmente hasta un 25 por ciento el gravamen a las empresas, desde un 20 por ciento actual, entre otros cambios.
«La primera reforma estructural que se va a presentar al Parlamento es la reforma tributaria, el 31 de marzo (…) que permite recaudar los recursos necesarios para la reforma educacional y satisfacer otras necesidades sociales», dijo a periodistas Elizalde tras una reunión de Gabinete.
El aumento en los impuestos corporativos permitiría una recaudación adicional equivalente a unos 8.200 millones de dólares o 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
La mandataria cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para aprobar un cambio impositivo.
La reforma incluye además eliminar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un cuestionado mecanismo que las empresas usan para lograr exenciones fiscales sobre las utilidades que son reinvertidas.
El anuncio del próximo envío del proyecto ocurre en medio de la desaceleración que enfrenta la economía chilena y la fuerte caída en el precio del cobre, la principal exportación del país.
Según los últimos datos, la actividad económica chilena creció tan sólo un 1,4 por ciento interanual en enero, su desempeño más débil desde el devastador terremoto que azotó al país el 2010, en otra señal de un enfriamiento mayor al previsto.
Por lo mismo, sectores de oposición y del empresariado han pedido revisar la reforma para que ésta no afecte a la economía. Sin embargo, Bachelet ha asegurado que el proyecto es «responsable» y busca aumentar el potencial de crecimiento del país.
Pese al incremento en los impuestos a las compañías tras la reforma, la carga tributaria corporativa en Chile sería menor a la de países vecinos como Argentina, donde llega al 35 por ciento, Brasil y Venezuela con 34 por ciento, y Perú con un 30 por ciento.
Fuente: Reuters
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